Nos lo han repetido hasta el aburrimiento. Y no será porque la recomendación a la prudencia no se invoque de forma machacona año tras año. Pero que si quieres arroz. Los datos sobre la muerte en la carretera, o en las calles, resultan terroríficos. Suman y siguen. Durante el año 2018, hay que lamentar casi cinco muertos al día a falta de consolidar las estadísticas de los accidentes en vías urbanas, que no se darán a conocer hasta mediados de año al ser competencia de los ayuntamientos y no de la DGT.
Sin ánimo de resultar exhaustivo, y con la sana inquietud de no aburrir en demasía al lector, si se puede concluir que aunque ha descendido muy levemente el número de fallecidos y heridos graves, ha aumentado, en cambio, el número de accidentes mortales. O sea, más accidentes pero con menos muertos. Que no es precisamente para echar las campanas al vuelo. Porque cada muerte significa el despiece de una familia y, desde el dolor de la ausencia, la ruptura de muchos sueños e ilusiones. Para siempre. De manera irreversible.
Y aquí no hay, por más que lo intenten las autoridades que regulan -es un decir- el tráfico, campaña capaz de incidir en este horizonte tan doloroso y espeluznante. Pero algo se hace mal, claro. Y a estas alturas cabe dudar: ¿se buscan soluciones o parches?
El arriba firmante es consciente de que el tema es desagradable. Pero hay realidades a las que no se puede volver la espalda por incómodas que resulten. Y que es preciso exponer de forma agrupada y meditar sobre ellas en su conjunto, porque sólo de esta manera sale a la luz una verdad insoslayable: el altísimo número de muertes inútiles que soportamos con notable estoicismo.
Y quedan, luego, las cuestiones colaterales. Por ejemplo: cómo sobrellevar las consecuencias de estas muertes y de la larga nómina de heridos, en número considerable inmovilizados en sillas o lechos. Terribles escenarios, al margen de los problemas familiares y económicos, que siempre siguen a estos crueles mandobles del destino, a su inmenso impacto psicológico y a las secuelas emocionales, difíciles de superar. Y aquí es donde entran en juego los seguros y el baile de las compañías especializadas en estas funciones de pago de las atenciones sanitarias y de las indemnizaciones; que no compensan pero palían.
"Hay que denunciar el accidente dentro de las primeras 72 horas, lo marca la ley"
Lo que pocos saben, y no parece que exista mucho interés en que se conozca, es que hay que comunicar o denunciar el accidente, si se trata de las víctimas, dentro de las primeras 72 horas. Es lo que marca la ley. Y más vale que se tenga en cuenta, porque heridos y lesionados pueden perder, si no se observa tan estricta norma legal, todos los derechos que podrían ampararles, y se lo ahorrarían las aseguradoras. Quizás no haya sido esta la intención del legislador -¿o sí?-, pero quizás debamos reconocer que esta ley desprende un cierto tufillo a estar destinada a proteger a las aseguradoras antes que a la víctimas.
Y no hablo por boca de ganso. Aunque nos lo vendan como una garantía de seguridad complementaria para los usuarios, lo cierto es que resulta tan descarado este privilegio de las 72 horas -del que harían uso algunas empresas de transporte de viajeros, especialmente urbanas, y sus aseguradoras- y tan inocultable el abuso de la buena fe y del desconocimiento de las víctimas, que ha provocado la salida a escena -y pronto florecerán- de organismos especializados cuya razón de ser es prestar ayuda a quienes han sufrido cualquier tipo de accidente como consecuencia de la circulación y que, en esos momentos de turbación, no saben cómo actuar, qué hacer y, sobre todo, qué derechos le amparan.
Estas organizaciones funcionan ya. Y buena falta que hacían. Asesoran y apoyan de forma completamente gratuita a las víctimas de los accidentes y a sus familias en la fase inicial del suceso, que es cuando existe mayor necesidad y desconcierto. Siempre que se haya observado escrupulosamente la regla de las 72 horas. Lo que resulta de especial importancia, porque la Seguridad Social no sufraga las atenciones prestadas a las víctimas de transporte amparadas por el SOV (Seguro Obligatorio de Viajeros). Atienden, pero cobran. Al paciente o a la compañía de seguros. Pero cobran. Así que si no hay un seguro que se haga cargo de la factura, es la víctima la que debe abonar el gasto. No hay que perder de vista esa frontera de las 72 horas. Ahí está el detalle o